En el texto del Gobierno se señala que para proceder judicialmente en este tipo de delitos "será precisa denuncia de la persona agraviada" y sólo en el caso de que la víctima fuera menor de edad o incapaz, también podría denunciar el ascendiente, representante legal o el ministerio fical.

Según argumentó el portavoz de Izquierda Unida, Diego López Garrido, las víctimas de delitos sexuales suelen verse muy coaccionadas para no presentar denuncia y el proceso puede no abrirse si el fiscal no tiene poder para personarse.

Con la enmienda de Izquierda Unida, facilitada a Servimedia por el diputado de IU, el artículo 184 del Código establecerá que los jueces tendrán que abrir proceso en todos los supuestos siempre que lo denuncie la víctima o previa acusación del ministerio fiscal,que deberá ponderár "los intereses en presencia". Es decir, el fiscal deberá tener en cuenta si su actuación pone en peligro la seguridad de la víctima.