Aedenat considera que las penas impuestas a los autores de delitos ecológicos deben endurecerse y basa su petición en el hecho de que ningún empresario condenado por este tipo de delitos ha ingresado en prisión en los doce años que lleva vigente en el artículo 347 bis del Código Penal.

Para los ecologistas, este dato revela la escasa aplicabilidad de la legislación ambental y su nulo efecto ejemplificador y disuasivo.

Por ello, también proponen una reforma de la legislación ambiental administrativa que incluya una normativa sobre autorizaciones previas a las industrias estableciendo un rígido control de las emisiones contaminantes.

Asimismo, reclaman la elaboración de una Ley General del Medio Ambiente que establezca los principios básicos de la normativa ambiental, el régimen general de infracciones ambientales y la acción pública en esta materia, para que pudan personarse en todos los procedimientos cualquier ciudadano o asociación.