LA CODA PIDE LA CREACION DE FISCALIAS Y JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN MEDIO AMBIENTE

MADRID
SERVIMEDIA

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda), que agrupa a más de 150 grupos conservacionistas de todo el Estado, advirtió hoy que las modificaciones incluidas en el nuevo Código Penal resultarán ineficaces si las autoridades competentes no dotan a la Administración de Justicia de fiscalías y juzgaos especializados en delitos ecológicos.

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) apoya la petición y afirma que "resulta imprescindible que las distintas administraciones competentes en materia ambiental sean capaces de adoptar iniciativas de denuncia ante juzgados y fiscalías respecto de las muchas conductas delictivas, especialmente en el sector industrial".

En la actualidad, de las pocas fiscalías especializadas en medio ambiente que existen en España, la de Valencia es a más activa, ya que, según los datos facilitados por las asociaciones ecologistas, durante el año pasado pasaron por ella más de la mitad de los casos tramitados en todo el Estado.

La Coda mantiene que si bien es positiva la inclusión en el anteproyecto de Código Penal de un título dedicado al medio ambiente, el documento debe ser "más contundente y claro en la redacción de los delitos ecológicos, de forma que su aplicación no plantee tantos problemas como lo viene haciendo el actual delito ecológico.

Para los conservacionistas, los casos de contaminación que pueden provocar un daño a la salud de las personas y al medio natural deben ser penados "de una forma clara y precisa".

Estos grupos solicitan castigos especialmente duros para aquellas conductas que impliquen la sobreexplotación o utilización irracional de los recursos naturales.

Entre estas actividades destacan la desecación de marismas y zonas húmedas, el uso ilegal de plaguicidas y pesticidas, la tala ilegal de bosques, las actvidades de minería y otras excavaciones de terreno y las alteraciones de cauces de agua.

Respecto a los incendios forestales, los ecologistas también han criticado el anteproyecto por no contemplar medidas como la prohibición de urbanizar en la superficie siniestrada o la disposición de la madera quemada por parte de la Administración.

Otras asociaciones conservacionistas de ámbito estatal, como la Asociación para la Defensa de la Naturelaza (Adena) y la Sociedad Española de Ornitología (Seo) hanexpresado también a Servimedia sus dudas ante el nuevo texto, por considerar que es insuficiente.

(SERVIMEDIA)
26 Feb 1992
GJA