La Coda considera que el plan revisado "aumenta el fracaso del anterior", que no logró cumplir lo objetivos marcados, según reconoció el propio José Borrell.

Los ecologistas mantienen que el nuevo texto facilita, impulsa y financia el reciclado de residuos tóxicos y peligrosos, "generando nuevos residuos peligrosos, para conseguir que tenga un balance económico positivo para los industriales".

Asimismo, denuncian la construcción de incineradoras, uno de los apartados del anterior plan nacional que provocó mayor polémica y oposición ciudadana y ecologista.

Según la Coda, la Administració central asume completamente la responsabilidad de construir estas plantas incineradoras recurriendo a la declaración de "interés general", lo cual es interpretado por los ecologistas como una fórmula para "quebrantar la oposición social, atropellando la soberanía autonómica y municipal".

La coordinadora de organizaciones conservacionistas concluye que el nuevo plan facilita la generación de residuos y productos tóxicos e impide la "reconversión medioambiental de la industria mediante tecnologías de poducción limpia".