Llorente resaltó, en declaraciones a Servimedia, la mejoría que este entorno, calificado como Reserva Nacional de Caza, ha experimentado durante los últimos años, coincidiendo con la llegada del Partido Popular al Ejecutivo regional.

"De las 300 ánades que haba en 1988", explicó, "se ha pasado a más de 2.500, de 4 ó 5 especies de acuáticas a más de 15 y de unas 300 avutardas a una población que supera los 4.000 ejemplares".

A finales del pasado mes de diciembre, la Coda denunció a la Junta de Castilla y León ante la Comisión de las Comunidades Europeas, por considerar que las autoridades autonómicas han convertido estos importantes humedales en "charcas artificiales".

Guillermo Díaz, presidente de la Coda, manifestó a esta agencia que los planes de reuperación de las lagunas que el Gobierno castellano-leonés ha puesto en marcha han propiciado "la desaparición de zonas húmedas, la transformación de la vegetación y la reducción de la fauna autóctona, especialmente en el caso de los gansos".

La demanda se suma a otras que ya está tramitando la CE contra diversas administraciones españolas por supuestos delitos en materia de medio ambiente.

Sin embargo, Pedro Llorente reiteró que la gestión que su Gobierno está realizando en las lagunas de Villaffila "es buena y cuenta con el beneplácito de distintos organismos internacionales".

Asimismo, señaló que las actuaciones que han desarrollado durante los últimos meses en este ecosistema han sido diseñadas por expertos de la Universidad de León.

"Lo que ocurre", explicó, "es que hubo una época en que había que producir trigo y cebada y se desecaron las lagunas, la propia Administración dreno el río salado, bajo el nivel freático y algunas lagunas se desecaron, con la ayuda, además, de la construción de arroyos".

Por el contrario, Guillermo Díaz acusa a las autoridades regionales de "no hacer caso a nadie" y advierte que la denuncia puede llegar hasta el Tribunal de Luxemburgo.

Según los datos facilitados por la propia Junta de Comunidades de Castilla y León, la conservación de este entorno requiere unas inversiones anuales cercanas a los 70 millones de pesetas y cada año la Administración paga alrededor de 10 millones a los agricultores en concepto de indemnización por los daños que lescausan las avutardas y ánades.