La coordinadora conservacionista denuncia "la total ilegalidad en que las comunidades autónomas se encuentran en relación a la caza", ya quelas acusa de incumplir la normativa comunitaria, los convenios internacionales y la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

Según la Coda, esa situación permite cazar durante la época de reproducción y cría de muchas especies, autorizar como terrenos de caza los hábitats de alimentación y descanso de aves migratorias, usar cepos, lazos, redes, trampas, veneno y liga para atrapar pájaros y la cetrería como método de caza.

Asimismo, califica de ridículas las ultas que las administraciones autonómicas imponen por cazar especies protegidas y asegura que esa permisividad fomenta la caza furtiva.

Como solución, los ecologistas proponen exigir el examen de caza y pesca a todos aquellos que deseen practicar estas actividades, castigos de índole penal, destinar el dinero recaudado con motivo de la caza a actividades relacionadas con la conservación de la naturaleza y no permitir ningún tipo de actividad cinegética durante la primavera y el verano.

Además, sn partidarios de que la Administración gestione y vigile la actividad cinegética y de incrementar la representación ecologista en los consejos de caza.

Finalmente, la Coda exige la prohibición de la siguientes modalidades: la media veda, la caza de aves acuáticas, la caza de pajarillos, el lanzamiento de codorniz con tubo, el tiro de pichón, la caza de palomas en pasos migratorios, el control de depredadores, las batidas durante la veda, la caza de perdiz con reclamo macho en periodo de celo, los descstes de conejos y otras especies en verano y primavera y la caza en terrenos del Estado.

La coordinadora de organizaciones ecologistas ha pedido al secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, Vicente Albero, y al director del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona), Santiago Marraco, que obliguen a las comunidades autónomas a cumplir la normativa comunitaria vigente.