Según su presidente, Anxo Queiruga, “esta reforma debe responder a las necesidades de las personas con discapacidad y tenemos que garantizar sus derechos, porque lo que observamos es que la mayor parte de la sociedad vive de espaldas a la realidad de nuestro colectivo y de los elevados costes que supone cubrir estas necesidades”.

Queiruga hizo estas declaraciones durante el primer Consejo de Cocemfe Comunidad Valenciana de 2025.

Tras 20 años de la ley en vigor, “se ha hecho muy poco por la autonomía personal, que garantiza poder tomar las riendas de nuestra vida, y por la equidad del sistema”, lamentó.

Entre sus reivindicaciones, Queiruga pidió se que se tenga en cuenta la diversidad de las personas con discapacidad física, las particularidades de la discapacidad orgánica, que exista una memoria económica que garantice la financiación de la ley y que se dispongan los mismos recursos en todos los territorios.

Otra de sus reivindicaciones tiene que ver con el aumento de horas de atención a las personas en situación de dependencia, en especial aquellas con mayores necesidades de apoyo. “Nuestro objetivo es no hablar de dinero, sino de horas de atención que recibe la persona", afirmó.

"Hay casos en los que es necesaria una atención las 24 horas, otros en los que se deben realizar cambios posturales por la noche, o en los que se requiere la intervención de diferentes perfiles profesionales", dijo Queiruga. También pidió generalizar la asistencia personal, "que es imprescindible y clave para nuestro colectivo”.

Por otro lado, Queiruga se mostró contrario al copago, y pidió que, en caso de que funcione, se aplique con límites y condiciones. Entre ellas, pidió que no supere el 40% del coste de servicio y que se calcule a partir de unos ingresos personales determinados, y no de la unidad familiar.

Según Queiruga, también seguirán adelante las negociaciones con el Imserso para realiza los ajustes necesarios en el baremo del grado de discapacidad.

Desde las entidades de Cocemfe se ha observado un alto nivel de insatisfacción en su aplicación, con casos valorados de forma insuficiente, criticó. Ello impide el acceso al sistema de protección social de las personas con discapacidad orgánica.