Así se recoge en una carta enviada por Cocemfe a la ministra Rodríguez, tras el anuncio del Gobierno de que modificará la Ley de Propiedad Horizontal para abordar la problemática de los pisos turísticos. Según Cocemfe, una cuarta parte de las personas con discapacidad se han visto obligadas a abandonar su casa "por falta de accesibilidad" y han tenido que buscar "otra alternativa habitacional ante esta vulneración flagrante de su derecho a una vivienda adecuada".

Sin embargo, "el parque de viviendas accesibles de España es escaso y con precios elevados", y apuntó que, como consecuencia, más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida en España precisan la ayuda de otra persona para salir de su casa; alrededor de 100.000 personas no pueden hacerlo nunca porque no disponen de esta ayuda, y miles de personas se ven obligadas a la institucionalización ante la falta de una vivienda digna y accesible.

“Todavía existen innumerables comunidades de vecinos inaccesibles debido a la actual Ley de Propiedad Horizontal, en la que existen resquicios legales que utilizan las comunidades de propietarios para no ejecutar las intervenciones necesarias, amparándose en un coste excesivo”, denunció el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga.

Insistió en que la entidad lleva “muchos años solicitando al Gobierno la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para evitar estas situaciones, en las que "se deja toda la responsabilidad en manos de las comunidades de vecinos".

En la actualidad, la Ley de Propiedad Horizontal plantea el "carácter obligatorio" de la realización de obras para garantizar la accesibilidad universal siempre que el importe repercutido no suponga “una carga desproporcionada”, es decir, que no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Ello provoca que obras como la instalación de ascensores no sean de carácter obligatorio, explicó, pues generalmente superan estas 12 mensualidades.

Agregó que desde 2019, estas obras sí son obligatorias si con ayudas públicas se sufraga el 75% de su importe, pero esas ayudas sólo las reciben el 10% de las comunidades que deciden llevarlas a cabo. El resultado es que, en muchas ocasiones, las comunidades de vecinos no hacen frente a las obras de accesibilidad al no ser obligatorias y carecer de financiación suficiente.

Por ello, Cocemfe reclamó que la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en relación a los pisos turísticos anunciada por el Gobierno recoja esta "demanda histórica", para que los costes de obras y actuaciones de accesibilidad en elementos comunes de los edificios residenciales donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos en su integridad por las propias comunidades de vecinos, "habilitando ayudas públicas suficientes cuando sea preciso para que el esfuerzo económico resulte llevadero".

Asimismo, pidió crear por Ley un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, nutrido del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información.

Dicho fondo serviría, según su propuesta, para financiar programas y actuaciones de accesibilidad universal en todo el territorio español y facilitaría que las administraciones estatales, autonómicas y locales establecieran ayudas específicas para que todas las comunidades vecinales puedan afrontar las actuaciones necesarias relacionadas con la accesibilidad de los edificios.