Según indicó, tales ayudas podrían ampararse en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 7/2024, que destina 50 millones de euros a los municipios afectados por la dana para financiar actuaciones directas vinculadas con la respuesta a las necesidades inmediatas de los servicios sociales municipales en atención a la población afectada.

Otra posibilidad sería incluirlas en el Real Decreto Ley 8/2024 de 28 de noviembre, que destina 3 millones de euros a los ayuntamientos afectados para paliar las necesidades de las personas con discapacidad en relación a su autonomía personal, propuso.

Cocemfe CV ha documentado 48 casos de personas con problemas de movilidad afectadas por daños en los ascensores de sus edificios de viviendas.

El presidente de la entidad, Albert Marín, advirtió del impacto de "ser prisionero en la propia vivienda". “Por un lado, es una restricción a los derechos de estas personas", lamentó, "y por otro, los afectados dejan de poder ir a trabajar, al hospital, a centros de atención, a comprar o simplemente salir a dar un paseo para socializar".

"Esto tiene un impacto en su salud física y emocional", y alertó que "ya estamos viendo un aumento que desborda nuestros servicios de atención psicológica, con situaciones de ansiedad y depresión”.

De los 48 casos recogidos por Cocemfe CV, el 39% se corresponden con personas en situación de dependencia; el 30% presentan una discapacidad física; el 15% son personas mayores; el 4% son ciegas, y el resto se trata de mujeres con embarazos de alto riesgo o a punto de dar a luz.