En una nota de prensa, COAG recuerda que las organizaciones agrarias habían pedido al Gobierno ayudas por importe de 230.000 millones de pesetas, por lo que la cantidad dispuesta por el Ejecutivo sólo cubre un 25% de la demanda generada.

COAG teme, además, ue la Comisión Europea examine esta medida en el marco de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y podría considerar que las mismas constituyen ayudas directas a las explotaciones agrarias y declararlas ilegales.

La organización agraria critica que el Gobierno adopte medidas coyunturales para un problema que ya tiene carácter estructural, como lo demuestra que en dos años se haya doblado el precio del gasóleo para uso agricola.

COAG exige al Gobierno la exención delimpuesto especial de hidrocarburos para el gasóleo utilizado en actividades agrarias; la aplicación de un tipo reducido del IVA para el gasóleo consumido por profesionales agrarios; el establecimiento de un precio social para el gasóleo B; reducción de las cotizaciones sociales soportadas por los agricultores y otras ayudas de carácter fiscal.