Ante la decisión comunitaria de no conceder la cláusula de salvaguardia a España para proteger el mercado interior, la organización agraria denunció "la escasa capacidad política y de maniobra de nuestr Gobierno en Bruselas y la falta de sensibilidad de la Comisión ante un problema coyuntural agudo".

Para COAG, la solución adoptada por la Administración y apoyada por las otras dos organizaciones agrarias, UPA y ASAJA, (subvenciones para almacenamiento por valor de 300 millones), no es suficiente para reactivar el mercado.

A su juicio, es necesario que el Ministerio de Agricultura retire del mercado 200.000 tonelada con un coste de 2.000 millones de pesetas y lograr la aplicación de una verdader cláusula de salvaguardia que cierre la frontera hasta finales de diciembre.

Con esta concentración en la frontera, la COAG pretende además expresar su protesta por la indefensión de la agricultura española frente a la apertura de mercados, las recientes medidas de la reforma de la PAC (Política Agraria Común) y las limitaciones financieras y monetarias del Gobierno.