José Luis González, coordinador general de la Coag, dijo hoy en rueda de prensa que sus afiliados, junto con los de Asaja, bloquearán la frontera francesa en Cataluña en la primera semana de septembre, "hasta cuando sea preciso", si la Comunidad Europea no concede a España una cláusula de salvaguardia que proteja las patatas nacionales frente a las de terceros países.

Junto a estas medidas de presión, Coag "recrudecerá las actuaciones ante todos los departamentos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) durante la próxima semana", llevando consigo cantidades considerables de patatas para que el MAPA "se familiarize" con ellas y sepa "defenderlas realmente ante Bruslas".

Según González, sus intenciones son pacíficas y sólo pretenden sensibilizar a la opinión pública de la situación por la que atraviesan, ya que les están pagando por el kilo de tubérculos siete pesetas, diez menos de lo que les cuesta producirlas. Para reforzar sus posiciones, los agricultores de Coag pretenden regalar patatas a las amas de casa.

Coag solicitó al MAPA que reabra la mesa de negociación y que revise las propuestas que le presentaron el pasado martes, consistentes en frenar lasimportaciones del producto y retirar del mercado una cantidad considerable de patatas para reactivar su precio.

González se mostró excéptico sobre la consecución de la cláusula de salvaguardia y criticó la oferta crediticia de la Administración, de la que dijo que es "un engaño para el sector de la patata y una justificación descarada ante la sociedad".

INEFICACIA DE LOS CREDITOS

En su opinión, la línea de crédito de 1.250 millones de pesetas para almacenar los excedentes del tubérculo durante uatro meses, que el martes les propuso el secretario general de Producciones y Mercados Agrarios, José Barreiro, es en realidad de 70 millones, porque el MAPA sólo subvenciona en cinco puntos los intereses bancarios de los préstamos.

Además, señaló que el almacenamiento de patatas sería una buena medida si el mercado fuera deficitario de este producto, "pero dentro de cuatro meses el mercado estará inundado de patata tardía, con lo que lo almacenado se perdería".

Para demostrar lo que Coag considra "nula voluntad del Gobierno" para regular los mercados, González presentó a la prensa un recorte de periódico de 1978 en el que se hablaba de que los agricultores exigían ya en esa época un precio mínimo de ocho pesetas por kilo de patatas, una peseta más de lo que están recibiendo 14 años después.