El líder de CNT explicó hoy a Servimedia que, después de 16 años de espera, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lleva tres años sin escriturar la devolución de ocho locales, a pesar de que esta operación está oficialmente reconocida.

A estos ocho locales hay que sumar otros 32 que no se pueden devolver, porque ya no existen como tales y fueron reconvertidos en viviendas o en dependencias e otro tipo. El tercer concepto por el que CNT reclama esa suma al Gobierno son las cuentas bancarias llamadas "improtegibles", que también fueron incautadas.

Según la CNT, el Ejecutivo pretende compensar económicamente por estos bienes de acuerdo con el valor de tasación de 1986, lo que lleva a casos en los que el inmueble se valora en 6 millones de pesetas cuando en la actualidad cuesta 80 millones en el mercado.

Fuentes se quejó de la falta de voluntad política para resolver este contencioso, o que supone "un recorte a la libertad sindical". Recordó que el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, se ha negado a recibirles y les ha remitido al subsecratario del Ministerio, Marino Díaz Guerra, que ya ha aplazado la entrevista prevista.

105 PROCESADOS

El secretario general de CNT recordó que, por otra parte, continúan procesados 105 sindicalistas por los altercados ocurridos hace tres años en la sede del Consejo Económico y Social (CES), con motivo de la concentración celebrada para reclamar l devolución del patrimonio histórico.

Fuentes negó que estos sindicalistas invadieran y destrozaran la sede del CES. Aseguró que los incidentes se produjeron como consecuencia de una carga policial injustificada que provocó varios heridos, lo que obligó a algunos manifestantes a refugiarse en el interior del edificio.

CNT ha tenido que poner su local de Madrid como aval para hacer frente a una fianza de 18 millones de pesetas, que le fue impuesta para mantener en libertad a los procesados.

Ls 105 encausados serán juzgados probablemente en marzo o abril. Se enfrentan a 47 penas de seis meses de prisión, una pena de arresto domiciliario de 7 fines de semana y una multa de 180.000 pesetas para cada uno de los procesados.