Durante su comparecencia parlamentaria en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, Suárez expuso las medidas que su organización considera necesario aplicar para la “dignificación de la vida de las personas sordas”.

Expuso que en España el colectivo de personas sordas está compuesto por más de 1,2 millones de personas sordas y destacó que esta cifra representa el 28% de la población nacional con discapacidad, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, indicó que más de 340.000 personas sordas viven solas, principalmente mujeres (35%) frente a los hombres (18%). Destacó especialmente que se trata de un colectivo “tremendamente diverso y heterogéneo” porque “no existen dos personas sordas iguales”.

Incidió en que el acceso a la información de las personas sordas debe garantizarse de acuerdo a las “preferencias” de cada individuo, de manera que se proteja el empleo de la lengua de signos y se garantice su uso en servicios públicos básicos para los ciudadanos como la educación, la sanidad o la atención administrativa.

Suárez recordó que desde el 2 de enero de 2024 está en vigor el Reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que debe servir para “garantizar la accesibilidad lingüística” de este colectivo.

Recalcó que el reglamento debe servir para garantizar una “calidad del servicio” de interpretación frente a la tendencia de las administraciones públicas que “priman el abaratamiento” en los contratos públicos, y puso el foco principalmente en sectores clave de la sociedad como la educación y la sanidad.

POTENCIAR SVISUAL

El presidente de la CNSE criticó que la pandemia impulsó las gestiones telefónicas y eso discriminó a las personas sordas, por lo que reivindicó el fomento de alternativas accesibles como el Servicio de Videointerpretación en LSE (Svisual), sobre el que comentó que el año pasado recibió 161.000 llamadas aunque “sólo se pudieron atender 75.000 por falta de recursos humanos”.

Suárez solicitó que Svisual sea declarado como un “servicio de interés social porque proporciona acceso a servicios fundamentales” a las personas sordas y aprovechó también para exigir una implantación homogénea de la videointerpretación en los servicios de emergencia autonómicos dado que no está implantando en todas las comunidades de la misma manera.

El presidente de la CNSE transmitió a sus señorías que un sistema de video interpretación como Svisual “necesita más apoyo y fortalecimiento” porque, de lo contrario, “la población sorda se encuentra excluida y se convierte en población vulnerable porque cuenta con barreras” a la hora de comunicarse con servicios esenciales para el conjunto de los ciudadanos.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Suárez puso el foco en varios momentos en el sistema educativo como un lugar esencial en el que debe primar la accesibilidad para las personas sordas, ya que de lo contrario se discriminan a los alumnos con discapacidad auditiva y se impide su adecuado desarrollo académico o se le limita llegar a niveles superiores como la universidad.

Por eso, exigió que “el alumnado sordo ha de contar con intérpretes de lengua de signos desde el inicio del curso” en todos los niveles educativos, desde la enseñanza básica hasta la Formación Profesional y la etapa universitaria.

También demandó “respetar la identidad lingüística” de estos alumnos “luchar contra el acoso escolar que sufren” por el hecho de no escuchar correctamente o necesitar la compañía de ILSE en el aula, puesto que en caso contrario se produce un impacto negativo en su desarrollo cognitivo.

“La educación es la llave del futuro y si no se recibe en igualdad de condiciones tiene consecuencias en la vida adulta”, sentenció. “Todo nace de la educación y lo mismo la vida independiente” de las personas con algún tipo de discapacidad.

Suárez defendió a su vez la labor de los profesionales de la interpretación de lengua de signos, a quienes dijo que la CNSE lleva muchos años formando pero criticó que a estas alturas “no cuentan con formación reglada” que reconozca su nivel de calidad al desarrollar esa labor.

También reclamó que la lengua de signos esté de forma permanente en el ámbito sanitario para garantizar un adecuado trato a las personas sordas tanto en hospitales como centros de salud y otras dependencias en las que se preste este servicio a la ciudadanía.

Planteó la conveniencia de que los profesionales de la salud conozcan la lengua de signos y sepan utilizarla al menos “con un nivel B1 para que se dirijan directamente” a los pacientes de este colectivo sin necesidad de intermediarios.

Otra de las demandas del presidente de la CNSE fue acabar con la discriminación en el acceso a determinados puestos de trabajo, como por ejemplo que las personas sordas no puedan obtener el permiso B2 de conducir cuando en otros países ya existen las “adaptaciones necesarias” para llevar vehículos de carga pesada.

Asimismo, criticó que ahora no puedan trabajar en puestos como carretilleros por el hecho de exigir que el operario pueda “escuchar a siete metros de distancia en entornos ruidosos” cuando, en su opinión, lo más probable es que otras personas sin discapacidad auditiva tampoco sean capaces de oír correctamente a semejante distancia.

ELOGIOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Durante la comparecencia parlamentaria, desde los partidos políticos el diputado de Sumar Rafael Cofiño ensalzó el trabajo de la CNSE a la hora de defender los derechos de las personas sordas y “visibilizar” sus demandas y necesidades sociales.

En nombre de Vox, la diputada María de la Cabeza Ruiz alabó la “experiencia fantástica” de haber asistido a una comparecencia parlamentaria impartida por el presidente de la CNSE en lenga de signos, la cual “muchos deberíamos conocer”.

Ruiz trasladó a Suárez que los políticos necesitan a entidades civiles como CNSE para conocer las demandas de colectivos vulnerables como el de las personas sordas y se interesó especialmente por la situación de los pequeños y el riesgo de que sufran “acoso” en los entornos escolares por su discapacidad.

El diputado del PSOE Emilio Sáez afirmó que “es muy importante atomizar todo el territorio nacional” con las reivindicaciones de la población sorda y tuvo palabras de elogio para la “loable tarea” de las intérpretes de la lengua de signos que acompañaron a Suárez durante su comparecencia.

Sáez negó que haya problemas de legislación respecto al uso de la lengua de signos y la inclusión de las personas con discapacidad, hasta el punto de entender que “la visión social de la lengua de signos ha cambiado” en los últimos años gracias a los pasos normativos que se han producido.

Sin embargo, reconoció que en España existe un “déficit” a nivel educativo para que una persona sorda tenga garantizada la enseñanza en lengua de signos en cualquier colegio e hizo un llamamiento a todas las administraciones públicas para hacer autocrítica y corregir esta carencia.

Finalmente, la diputada del PP Sandra Moneo destacó especialmente el mensaje de la CNSE de que no existen dos personas sordas iguales y comprometió el trabajo de su partido para garantizar la igualdad de oportunidades “sea cual sea la situación que exista”.

Moneo esgrimió que los poderes públicos deben preservar “esa igualdad de oportunidades, tanto para las familias y personas que optan por el implante coclear” al detectar una sordera “como para las personas que usan día a día la lengua de signos”.

La parlamentaria popular también manifestó su interés sobre los 500 profesionales de la lengua de signos que la CNSE tiene contabilizados y planteó cómo se puede mejorar su reconocimiento reglado dado que, según dijo tener constancia, en 1995 se estableció por primera vez una especie de título para reconocer dicha formación.