En concreto, la Comisión denuncia que se ha consentido que unos 48.000 millones de pesetas reconocidos como costes de las empresas eléctricas por las actividades de transporte y comercialización sepasen a la distribución.

La desventaja para el consumidor estriba en que las actividades de transporte y comercialización ya están sometidas a la competencia, por lo que sus costes son susceptibles de reducción en los próximos años, mientras que la distribución sigue sometida a un monopolio legal.

En consecuencia, estima la Comisión, el Gobierno ha consentido que una parte de la tarifa que cobran las eléctricas, y que podría reducirse por el efecto de la competencia en próximos años, la tengan la empresas asegurada a los costes actuales, que son más altos.

Los responsables de la CNSE consultados señalan que los ciudadanos no notarán el perjuicio que se les causa porque coincide con un periodo de bajada de las tarifas y los consumidores no son conscientes de que las rebajas podrían ser todavía mayores, ya que el ahorro de las eléctricas por este concepto ascenderá a unos 500.000 millones.