Recordó que es un derecho que tanto la Ley 27/2007 como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecieron para el alumnado sordo y que, como tal, ha de contemplar una dotación de recursos suficiente para trasladarse a la práctica.

Según declaró la entidad, es plausible que el Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil visibilice en su articulado la lengua de signos como parte de la oferta educativa, si bien considera que no es suficiente.

“Su inclusión como lengua vehicular y de comunicación en edades tempranas en la etapa de Infantil requiere la presencia de profesorado competente en la materia, de cotutores y cotutoras, y de profesionales sordos especialistas en lengua de signos”, indicó la confederación.

Concha Díaz, presidenta de la CNSE, señaló que se les está negando de forma sistemática una condición, la de contar con referentes adultos sordos que contribuyan a la correcta transmisión y adquisición de esta lengua por parte de las niñas y los niños sordos y a la construcción de una imagen positiva de sí mismos. Según subrayó, ello les conduce a situaciones de privación lingüística indeseadas.

“Actualmente en España, pocas familias son tan afortunadas como para poder elegir una educación realmente inclusiva para sus hijas e hijos sordos”, denunció.

Añadió que “sigue sin existir una normativa estatal de referencia que garantice unos mínimos comunes para todas las comunidades autónomas; carecemos de una red de centros bilingües que garanticen el uso y el estudio de la lengua de signos y que cuenten con profesorado sordo; y en la enseñanza secundaria y universitaria, cada vez son más los estudiantes sordos, padres y madres que denuncian la escasez o ausencia de intérpretes en los centros en los que cursan sus estudios”.

La presidenta de la CNSE instó a las administraciones educativas a ir más allá en cuanto a dicha ordenación se refiere, y regular “el qué, el cómo, el cuándo y el dónde incorporar la lengua signada en cada una de las etapas educativas de manera que el alumnado sordo pueda compartir entornos de aprendizaje en lengua de signos con otras niñas, niños, jóvenes y adultos sordos”.

“Es tarea del Estado regular las condiciones para garantizar el aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos en condiciones de igualdad, así como los requisitos de una educación bilingüe que contemple la lengua de signos en el acceso a los contenidos curriculares”, concluyó.