Según informó la entidad, durante una sesión del juicio el juez presidente pidió a la intérprete de lengua de signos que no tradujera ciertas preguntas dirigidas a ella, lo que impidió que la persona sorda tuviera acceso a información relevante. El presidente de la CNSE, Roberto Suárez, afirmó que este hecho evidenció la falta de respeto y garantía del derecho de las personas sordas a una comunicación en igualdad de condiciones. “Es inadmisible que se vulnere su derecho a una comunicación plena y efectiva en su lengua natural”, declaró.

En una carta al CGPJ, Suárez recordó que el Real Decreto 674/2023 obliga a las administraciones públicas a garantizar servicios de interpretación en lengua de signos en los procesos judiciales. Además, destacó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la lengua de signos y exige su respeto.

La CNSE instó a que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan y pidió la emisión de directrices claras para garantizar el respeto y la adecuada utilización de la lengua de signos en los órganos judiciales. También exigió la presencia de intérpretes cualificados y la eliminación de prácticas que vulneren los derechos de las personas sordas.

Por último, Suárez llamó a fomentar la formación y concienciación del personal judicial sobre los derechos de las personas sordas, asegurando un trato inclusivo y respetuoso. “Preservar la calidad de la interpretación y respetar la labor de sus profesionales es clave para garantizar sus derechos lingüísticos”, concluyó.