También se exige este trámite si la empresa que ya tiene una participación significativa del 25 por ciento o más en una empresa, desea ampliar esa cartera en un 6 por ciento o más, en un plazo inferior a 12 meses.

El decreto desarrolla la Ley del Mercado de Valoes, de 1988, y tiene como finalidad "la defensa del principio de igualdad entre los accionistas de las sociedades cotizadas en Bolsa", según los responsables del ministerio de Economía y Hacienda.

Regula igualmente los supuestos en los que la participación significativa se obtiene como resultado de una fusión o toma de control de una sociedad intermedia, y fija represalias rigurosas para las sociedades instrumentales que intenten burlar la normativa de OPAS.

Por otra parte, faculta a la Comisión elegada para decidir los casos en que no será necesario presentar OPA, por tratarse de procesos de reconversión o reestructuración de un sector económico.

El decreto mantiene la suspensión cautelar automática de la cotización de una empresa afectada por una OPA, para evitar el llamado "tiburoneo" bursátil, y prohíbe a los responsables de la sociedad que es objeto de la oferta efectuar acciones que puedan frustrar o perturbar la operación.

Además, amplia la información que debe aportar a la CNMV l empresa que desea lanzar una OPA, tanto sobre el objeto de su actividad como de sus estados financieros.

Finalmente, prohibe negociar compras de acciones a precio de mercado y luego pactar una OPA por el resto de capital a un precio convenido y se fija, entre otras sanciones, la imposibilidad de ejercer el voto a las acciones objeto de una operación que sea investigada.