El presidente del regulador, Rodrigo Buenaventura, hizo este anuncio en unas jornadas organizadas por Deloitte y el diario ‘ABC’, donde explicó que la compañía de Elon Musk tiene la obligación de “tomar medidas para evitar difundir publicidad de servicios de inversión por entidades que no tienen licencia”.

Según ha avanzado ‘La Vanguardia’ y ha podido confirmar Servimedia, el caso por el que se investiga a X se ha abierto después de que la CNMV detectara una serie de anuncios fraudulentos de la compañía Quantum AI en la plataforma.

Este chiringuito ha reproducido una serie de contenidos que suplantan artículos de ‘El País’, así como a personajes públicos como Antonio Resines para convencer a los usuarios de realizar inversiones con ellos. “Es difícil concebir un intento de fraude más claro y es difícil admitir que se difunda por cualquier canal como si fuera normal, moral o legal”, valoró Buenaventura.

Este caso podría suponer un incumplimiento del artículo 246.3 de la ley del mercado de valores, que desde marzo obliga a empresas digitales, medios de comunicación y redes sociales a tomar medidas para evitar difundir publicidad de servicios de inversión por entidades que no tienen licencia.

Por tanto, X tiene la obligación legal de comprobar que los anunciantes no figuran en la lista de entidades pirata que la CNMV publica periódicamente y que cuentan con la correspondiente autorización para prestar servicios financieros.

MULTA A PARTIR DE 5 MILLONES

La CNMV ya se ha dirigido a X para dilucidar si la plataforma de Elon Musk ha cumplido su obligación de investigar el perfil del anunciante en cuestión. Así, la red social debe de demostrar que se dirigió a Quantum IA para tratar de conocer si contaba con permiso para operar, así como aportar pruebas de que fue engañada por la compañía, ya que no cuenta con licencia.

En caso de no poder hacerlo, X se enfrenta a una infracción muy grave que superaría los 5 millones de euros en el escenario más favorable para sus intereses. En el peor, en cambio, la sanción podría ascender hasta el 5% de los recursos propios de la entidad infractora o el 10% de su volumen de negocios anual.

“Nos gustaría ver que todos los implicados asumimos la responsabilidad compartida de reducir el campo de actuación de los defraudadores y los perjuicios para los inversores. También las redes sociales y plataformas tecnológicas, que no deberían admitir como remuneración por anuncios ni un euro de empresas sin autorización destinadas a lucrarse mediante el engaño a sus seguidores. Reducir y tratar de evitar el fraude financiero está en las manos de todos”, apostilló Buenaventura.