Así se ha pronunciado en tres informes en los que señala que las condiciones propuestas no se ajustan plenamente a los requisitos del Real Decreto-ley 5/2015 y sugiere a la RFEF no imponer obligaciones injustificadas ni reservas no previstas en la ley, así como eliminar su discrecionalidad en ciertos aspectos, como en la valoración de requisitos técnicos y profesionales.

También recomienda no imponer obligaciones relativas a la publicidad que no se encuentran amparadas por la norma y que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa y le pide que establezca criterios claros para adjudicar los derechos o iniciar nuevas rondas y que considere una duración de los contratos acorde a las normas y principios de competencia en el caso de los derechos de la Copa y la Supercopa para países de la UE y otros países europeos.