La futura ley contiene disposiciones que protegen a los deudores, particularmente cuando son personas vulnerables, y somete la actividad de los administradores de créditos a autorización, registro obligatorio y supervisión por parte del Banco de España.

Para la CNMC, resulta adecuado fomentar la creación de mercados secundarios de créditos donde las entidades financieras pueden venderlos a otros inversores. Además, cree que tiene sentido fomentar un mercado único europeo de créditos, que aumentará la liquidez y capacidad de diversificación geográfica de los inversores compradores y la protección al consumidor.

Además, insta a que las disposiciones que refuerzan la protección del consumidor-deudor y los requisitos de transparencia exigidas a los operadores se extiendan a los créditos no dudosos, a pesar de que el objeto de la Directiva son los créditos dudosos.

Por otro lado, advierte de que la reserva de actividad a favor de los administradores de créditos debería de ser objeto de reevaluación y seguimiento para valorar los efectos que tiene en el mercado.

Por ello, sugiere plantear a las autoridades de la UE si las exigencias de la Directiva (por ejemplo, excluir a las personas físicas), en estos términos, debe mantenerse sin modificaciones.

Asimismo, entiende que los regímenes especiales, de mantenerse para ciertos colectivos profesionales, sería recomendable que tuvieran una mayor justificación (razones de interés general y ajuste a los principios de buena regulación).

Por otra parte, señala también que la autorización para ejercer la actividad de administrador de crédito establece requisitos (honorabilidad, transparencia, cooperación, etc.) que pueden ser complejos de demostrar por lo que recomienda concretarlos reforzando su objetivación desde la óptica de su adecuación a los principios de buena regulación.