En un comunicado, Competencia valoró positivamente esta norma por buscar la integración social de las personas con discapacidad y consideró que puede favorecer un comportamiento más activo de estas como oferentes y demandantes en los mercados, fortaleciendo la competencia.

Resaltó la importancia de que, en el desarrollo de esta normativa, el conjunto de las administraciones públicas se adecuen a los principios de “necesidad y proporcionalidad, para evitar discrepancias no justificadas que lastren la competitividad de la economía”.

En cuanto a las mejoras propuestas por la CNMC, el organismo insta a clarificar qué operadores están afectados por la norma y en qué situaciones estarán exentos de cumplirla, puesto que el reglamento incluye excepciones cuando los bienes y servicios son considerados servicio público o de utilidad pública y, en consecuencia, ya dispongan de una regulación específica que garantiza la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en estos ámbitos.

También pide concretar las obligaciones de accesibilidad en los bienes y servicios a disposición del público. En este sentido, recomienda determinar “con más claridad” los elementos que las conforman, así como replantear las diferencias de trato que existen entre las nuevas empresas y las ya instaladas en el mercado (incumbentes), así como entre los nuevos productos y los existentes que satisfagan las mismas necesidades.

Del mismo modo, considera necesario concretar los requisitos en el texto normativo, en lugar de remitir a normas de la Asociación Española de Normalización (UNE) y, en caso de mantener ese reenvío, introducir una mención a la posibilidad de emplear estándares normativos equivalentes.

Este informe ha sido emitido por la CNMC a solicitud del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC.