Según la CNMC, esta ayuda pretende aportar al fondo de provisiones técnicas de la entidad el 2,5% de los importes que avalen a las pymes locales, hasta un máximo de 250.000 euros, con el fin de favorecer la financiación de este tipo de entidades.

El organismo de competencia apuntó que, con la información disponible, esta subvención “podría llegar a considerarse una ayuda de Estado”, ya que “concede ventajas económicas a dos perfiles de operadores”; por un lado, a la entidad, como operador intermediario, y, por otro, a las pymes, como beneficiarios finales.

Según la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea, las administraciones públicas pueden notificar una subvención a la Comisión Europea o acogerse a alguna de las alternativas (ayudas exentas o ayudas de minimis). En caso de elegir la segunda vía, la Administración debe demostrar que reúne los requisitos necesarios e informar a las entidades beneficiarias de sus responsabilidades.

Si bien la normativa no prohíbe conceder ayudas directas a una entidad, la CNMC recomienda “introducir un procedimiento de concurrencia competitiva que asigne los fondos públicos de forma más eficiente”.

Además, si la medida adoptada refuerza la posición de los operadores en el mercado, debe llevarse a cabo “un doble test de análisis”. Por un lado, hay que comprobar que la relación entre el Ayuntamiento y los beneficiarios cumple la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea. Y, por otro, que sigue los principios de buena regulación y administración, además de la normativa sectorial que los regula.

La CNMC subrayó que las ayudas públicas tienen “un enorme potencial para la recuperación económica de nuestras empresas y para paliar los efectos negativos de posibles crisis, especialmente sobre los más desfavorecidos”, pero “no deben alterar el funcionamiento eficiente del mercado ni introducir distorsiones e ineficiencias que perjudiquen la libre competencia y el bienestar económico general”.