La CNMC ha publicado sendos informes sobre los pliegos de estos contratos hechos por las dos gestoras para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, y en ellos concluye que los pliegos "vulneran los principios de necesidad y proporcionalidad de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM)".

Por un lado, Aguas del Huesna exige como requisito de solvencia que se hayan realizado cinco servicios de auditoría a gestoras del agua en los últimos tres años, y que al menos dos de estas empresas tengan sede en Andalucía.

Por otro lado, Aguas de Cádiz pide que el socio-director y el jefe de equipo hayan prestado servicios de auditoría en gestoras del agua de Andalucía en los últimos cinco años, y que el resto del equipo lo haya hecho en los últimos tres años. También exige que, en ese periodo, los licitadores hayan realizado al menos doce trabajos de auditoría, “cuyo precio en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 60% de la anualidad media del presupuesto base de licitación”.

La CNMC señala en un comunicado que estas exigencias "constituyen un límite al acceso a la actividad económica, y vulneran los principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM".