En la actualidad el sistema de tarifa hace innecesario una protección de los consumidores de este tipo porque precisamente la tarifa es un instrumento de protección de los usuarios.

Sin embargo, el documento de la CNE al que ha tenido acceso Servimedia reconoce que existen "ciertas carencias en los procedimientos y recursos empleados por las instituciones en actuaciones relacionadas con las necesidades de información sobre el proceso y los mercados, y sobre la capacitación de los consumidores y la respuesta a sus reclamaciones".

Así, sin pretender generalizar, se constata falta de recursos humanos y baja capacidad de respuesta de los centros de las administraciones públicas que atienden las demandas de información y asesoramiento de los consumidores y tratan las reclamaciones en materia de energía.

También es notoria la falta de recursos apropiados, así como de técnicos, de las asociaciones de consumidores, donde "el suministro de energía, bien por su complejidad o porque no se percibe como un servicio prioritario, no figura entre las atenciones preferentes que estas asociaciones dedican a los consumidores".

"La CNE está en una posición privilegiada, por su conocimiento de la materia, por la capacidad de obtener información de los mercados energéticos y por constituir, con carácter general, la referencia para las comunidades autónomas y los consumidores", dice el informe.

La Comisión de la Energía concluye que "esta situación le legitima, y casi obliga, con el debido respeto a las competencias atribuidas a las distintas administraciones en la materia, a ejercer un liderazgo a la hora de proponer, coordinar y, en su caso, realizar las actuaciones necesarias que posibiliten un eficaz sistema de información y capacitación previo para las empresas, consumidores y sus asociaciones".