La tarifa social, que entró en vigor el pasado mes de julio, es para aquellos usuarios con una potencia contratada inferior a 3 KW. Según cálculos del Gobierno, los consumidores acogidos a esta tarifa tienen gratis el término de potencia y, de este modo, sólo pagan por el consumo eléctrico, lo que puede conllevar bajadas de hasta el 10% en su recibo de la luz.

Esta iniciativa ha sido criticada por compañías eléctricas como Unión Fenosa, por el PP y por algunas organizaciones de consumidores, por tener un número muy limitado de beneficiarios potenciales (al ceñirse a consumos inferiores a 3 KW) a lo que, siempre según estas críticas, se debe su escasa acogida.

Por otro lado, cabe esperar que el regulador energético también se ocupe este jueves del informe sobre la ejecución del plan de inspección a instalaciones fotovoltaicas.

En concreto, la CNE informará de las instalaciones que se han investigado, distinguiéndolas en tres grupos: las que están en situación correcta, las que están en situación correcta pero han vertido energía después del 30 de septiembre, y aquellas en las que se han registrado incidencias.

Tras su aprobación, este informe será remitido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.