La Comisión Europea, además, da un plazo de cinco días -en lugar del habitual de dos meses- a las autoridades españolas para atender su requerimiento. En caso contrario, el caso puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En rueda de prensa en el ministerio, Clos calificó de "sorprendente" tanto el exiguo plazo impuesto por Bruselas como la decisión en sí, ya que los contactos que el ministro había mantenido con el Ejecutivo comunitario en las últimas fechas no le llevaban a pensar, explicó, que la decisión fuera a ser ésta.

En todo caso, Clos indicó que el Gobierno no atenderá la indicación de Bruselas y que su próxima actuación será la respuesta a los cinco recursos de alzada interpuestos contra las condiciones que impuso la CNE a E.ON, algo para lo que hay plazo hasta mediados de noviembre, recordó.

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