Según ha informado ACAI, el texto que el Congreso enviará al Gobierno para que lo tenga en cuenta a la hora de impulsar una nueva ley reconoce algunas de sus propuestas, como la libertad de decisión de la mujer, la derogación del delito de aborto, la intención de regular la objeción de conciencia o la supresión del consentimiento paterno para las mayores de 16 años.

No obstante, las clínicas abortistas reiteran que "una ley de plazos cortos que no se vea acompañada por indicaciones coherentes con la realidad española podría dejar fuera de cobertura a 9.000 mujeres al año", por lo que piden que se considere la posibilidad de articular un supuesto de carácter socioeconómico que dé cobertura a los sectores más vulnerables, "tal y como contempla la legislación inglesa".

Según ACAI, la normalización del aborto provocado en el Sistema Nacional de Salud "pasa por superar la falta de formación y experiencia en el ámbito de la sanidad pública y por crear y formar unidades específicas multidisciplinares (médicos, ginecólogos, anestesistas, enfermeros, auxiliares, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y abogados)".

La formación de todos estos profesionales, continúan las clínicas, es "un reto que si bien es meritorio no resulta viable a corto-medio plazo", por lo que piden que la ley recoja la concertación pública "como medida instrumental de la igualdad, la gratuidad y la calidad en esta prestación".

ACAI espera además que el proyecto de ley cubra no sólo las malformaciones incompatibles con la vida, sino aquellas otras que diagnosticadas a partir de la semana 22 sean incompatibles con "una vida digna".