En declaraciones a los periodistas minutos antes de comparecer en la subcomisión parlamentaria para el estudio de la reforma de la normativa sobre el aborto, Barambio explicó que hoy iba a trasladar a la Cámara Baja sus recomendaciones para que la legislación española "cambie hacia un contexto mucho más europeo".

Esta propuesta pasa, según dijo, por fijar "una ley de plazos, por que los malformados puedan ser interrumpidos sin límite de tiempo y por que la salud de la madre sea tenida en cuenta".

La recomendación concreta de ACAI es que, "cuando se diagnostique una alteración fetal después de las 24 semanas que comprometa la vida o la calidad y dignidad de la vida futura de ese feto, se debería, si la embarazada así lo manifiesta por escrito, poder interrumpir la gestación sin ningún límite de semanas". Ello, indicó, "tras la valoración y asesoramiento del profesional experto que la mujer elija".

Entre las propuestas que este ginecólogo llevó al Congreso de los Diputados figura también "situar el aborto provocado fuera del Código Penal", establecer el plazo límite para abortar libremente en 24 semanas y que, "si hay riesgo vital inmediato, se pueda proceder a un aborto sin consentimiento informado".

ACAI también considera que la atención al aborto provocado "debe ser financiada por la sanidad pública y practicada por quien sepa hacerlo", al entender que, "en la actualidad, los programas de formación en ginecología no contienen elementos docentes teóricos ni prácticos en interrupción del embarazo".

Por esta razón, considera que "sería una falta de provecho social el no incorporar, por vía de concertación pública, a las entidades privadas que llevan 23 años realizando este servicio con resultados sanitarios estadísticamente excelentes".

DATOS "MODÉLICOS"

En la reunión de la subcomisión de hoy también compareció Vicky Claeys, directora general para Europa de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF).

Esta experta se refirió a los últimos datos sobre aborto en España (correspondientes a 2006, cuando hubo 101.000 casos), y afirmó que se trata de cifras "comparables a países modélicos", como Países Bajos o Bélgica. En su opinión, España "está entre los números más bajos de Europa".

En su intervención, alertó de los "espacios y agujeros sin cubrir" que plantea la legislación española y que "generan inseguridad tanto a las mujeres como a los profesionales sanitarios que se dedican al tema".

"España plantea diferencias con la legislación de otros países de la Unión en materia de aborto, pero, sobre todo, a la hora de implementarlo: es ahí donde está la diferencia, en el acceso de la mujer a los servicios de aborto", indicó.