Así lo puso hoy de manifiesto Eva Rodríguez, presidenta de ACAI, en una rueda de prensa en la que los centros abortistas se declararon "satisfechos" con los resultados del paro semanal y aseguraron que después de las elecciones, cuando ya haya un Gobierno formado, seguirán luchando por una modificación legislativa que lleve a España a tener una ley del aborto de plazos.

"Ya veremos cómo respira el nuevo Gobierno", para, "en función de eso, ver qué hacer", apuntó Marisa Castro, de la Clínica Isadora de Madrid y vocal de ACAI, quien aseguró que las clínicas abortistas ya guardan "algún as en la manga" para enseñar al Ejecutivo que salga de las urnas.

Preguntados por la situación actual que se vive en las clínicas abortistas después de la huelga de una semana y de los últimos acontecimientos, los representantes de ACAI presentes en la rueda de prensa aseguraron que tienen mayor afluencia que antes del paro, debido a las 1.500 ó 2.000 mujeres que dejaron de atender en esa semana.

Aunque las agresiones vertidas contra las clínicas han ido cesando, todavía, "esporádicamente", siguen recibiendo amenazas, afirmaron.

Tras la huelga, aseguraron los centros abortistas, les "llueven las personas que llaman y preguntan si sus historiales están a salvo", algo en lo que Castro fue contundente al asegurar a las mujeres que quieren abortar o ya lo han hecho que "jamás" entregarán "datos que violen su intimidad".

"PERSECUCIÓN OBJETIVA"

En este sentido, ACAI acusó a la Comunidad de Madrid de protagonizar una "persecución objetiva" contra sus clínicas desde febrero de 2007, cuando se presentó en los juzgados una denuncia de presunta mala gestión de los residuos biosanitarios por parte de los centros abortistas madrileños.

Desde entonces, asegura ACAI, la Comunidad de Madrid pide a los centros autorizados para la interrupción del embarazo que le envíen una copia del informe psiquiátrico de las mujeres que abortan, así como otro con el contenido de los residuos biosanitarios que guardan tras la intervención de cada cliente, algo que, dice esta asociación, sólo se solicita en Madrid.

"No vamos a dar nada", pues "conculcaría el derecho a la confidencialidad, protegida por la ley", reiteró Castro a las mujeres que acuden a sus clínicas.

Lo que no descartaron las clínicas abortistas fue emprender medidas judiciales, por la vía de lo contencioso- administrativo, contra el Gobierno que dirige Esperanza Aguirre.

De momento, está previsto que mantengan una reunión el próximo miércoles, día 23, con la directora general de Calidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, a quien exigirán la apertura de la clínica cerrada en esta región por "temas administrativos". Hoy se reunirán con el Defensor del Pueblo para pedirle amparo.

El mismo miércoles 23 protagonizarán también una concentración en Madrid y Barcelona a las siete de la tarde para exigir la protección de los derechos de las mujeres que quieren abortar y de los profesionales sanitarios que les ayudan a hacerlo.