Según informó hoy la LI, en caso de que la ley definitivamente aprobada siga conteniendo características que pudieran atentar contra los derechos reconocidos en la Constitución, la mencionada comisión pedirá a Alvaro Gil-Robles que interponga un recurso de inconstitucional contra la Lortad.

Representantes de la CLI -que agrupa a asociaciones de derechos humanos, juristas, técnicos de informática y sindicatos, entre otras organizaciones- y de la presidencia colegiada del Defensor del Pueblo mantuvieron ayer una reunión sobe esta cuestión.

En opinión de la CLI, el proyecto actual es inconstitucional por dos razones. Por un lado, porque quedarían exentos de control una parte importante de los ficheros de datos personales en poder de las distintas administraciones públicas.

Y por otro, porque algunos artículos podrían ser inconstitucionales, como el 20.3, que permitiría a las fuerzas de seguridad del Estado la recogida e informatización de datos sobre ideología, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexualde los ciudadanos "sin intervención judicial ni de la Agencia de Protección de Datos".

La Comisión de Libertades e Informática ofreció a la Oficina del Defensor del Pueblo toda su colaboración y quedó abierta por ambas partes la posibilidad de mantener próximos contactos al máximo nivel.