Clavijo hizo estas afirmaciones tras el encuentro que hoy mantuvo con la propia Montero, de cuyo resultado dijo estar “satisfecho”. “En una semana volveremos a hablar” y confió en que para ese momento ya esté garantizado el apoyo parlamentario preciso de cara a la aprobación de las reformas que permitan los traslados de estos menores.

Según Clavijo, la ministra Montero “es perfectamente consciente de que la situación en Canarias es insostenible”. Su sistema de protección atiende a unos 5.500 menores extranjeros, de los que 4.000 serían trasladados a la Península de aprobarse la distribución extraordinaria acordada entre Coalición Canaria y el Gobierno central.

El problema, según Clavijo, es que todo este tema “ha sido utilizado como arma arrojadiza política”. “En la conferencia Sectorial no hemos contado con el apoyo de todas las comunidades”, indicó, y criticó que “muchos te pasan la manita por la espalda y te dicen lo complicado que lo tenemos, pero a la hora de la verdad si los menores están en Canarias no están en otro sitio”.

Clavijo destacó que tanto la distribución extraordinaria de 4.400 menores procedentes de Canarias y de Ceuta como la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, encaminada a garantizar traslados automáticos cuando se sobrepase cierto nivel de saturación en un sistema autonómico, “tienen encaje constitucional”.

Sin embargo, dada la composición actual del Congreso, “cada acuerdo cuesta mucho”, y de ahí la dificultad y los retrasos en este ámbito, insistió. En su opinión, todo el mundo debe entender que “esta es una competencia concurrente” porque “es verdad que las comunidades autónomas tenemos las competencias en infancia”, pero “no tenemos el dinero para hacer frente a una situación de llegadas migratorias tan significativa”.