Los asistentes al encuento, organizado por la Federación de Amigos de la Tierra, calificaron de "muy preocupante" la situación de los humedales en España y Portugal, sobre todo los de lugares especialente protegidos, como Doñana, Daimiel y los estuarios del Tajo y del Sado.

En las conclusiones de las jornadas se destaca el "significativo avance" que ha supuesto la aprobación de iniciativas como la Ley de Aguas (1985) y la Ley de Conservación de las Zonas Húmedas (1989).

Sin embargo, estiman que el retraso en la puesta en práctica de esta legislación está colaborando de forma involuntaria en el progresivo deterioro de las zonas húmedas españolas. Según diversos estudios, más del 75 por ciento e los humedales españoles han desaparecido en lo que va de siglo.

LA NUEVA MODA

El responsable de la Federación de Amigos de la Tierra, Miguel Angel Hernández, manifestó que el Gobierno central desconoce la importancia que la conservación de las zonas húmedas tiene como patrimonio natural y cultural en nuestro país.

Citó el caso de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), un espacio protegido que, en su opinión, fue destruido injustificadamente para después regenerarlo con un costo de miles de millnes de pesetas.

También se analizó durante las jornadas el caso del estuario del Sado, en el que la actividad marisquera que mantiene a varios cientos de familias se ve amenazada por la contaminación de las aguas y por proyectos urbanísticos que provocarán el enterramiento del humedal.

Los asistentes a las jornadas también expresaron su preocupación por la nueva "moda" de restaurar zonas húmedas creando ecosistemas muy intervenidos, ya que corren el peligro de carecer de la "simpatía popular" conque cuentan las zonas naturales.

Varias personas del público que acudieron al encuentro preguntaron a los representantes de la Administración los motivos por los que se deja fuera de las listas de zonas húmedas protegidas las riberas de los ríos y arroyos, así como los embalses que albergan importantes comunidades acuáticas.

El subdirector de Espacios Naturales del Icona, Juan Manuel de Benito, defendió el criterio de dar prioridad por parte del Gobierno a las zonas naturales, a pesar de que alguas de ellas estuvieran ya artificializadas, y dejar a las administraciones autónomas y locales la protección de aquellas zonas.