Asimismo, este partido ha registrado una batería de preguntas por escrito para que el Gobierno explique si ha pactado con sus socios parlamentarios y responsables de la Generalitat de Cataluña seguir “marginando” el castellano en esta comunidad en contra de las sentencias de los tribunales.

Asimismo, afea a Bolaños que en junio empleara el término “judicialización” para desdeñar el cumplimiento de la ley y se refirió a “Cataluña y España” como entes equivalentes. Un uso del lenguaje que, a juicio de Cs, solo se explica por la “voluntad sostenida en el tiempo de este Gobierno de contentar al separatismo”.

El partido de Inés Arrimadas recuerda en esta iniciativa que lleva años denunciando que el sistema de inmersión lingüística que aplica la Generalitat catalana no solo “es contrario a lo previsto en la redacción de la Ley de Educación, sino que contraviene claramente" lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución: “todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo”.