En una pregunta parlamentaria, Pagazaurtundua recuerda que el Estado de derecho democrático en España “sufrió un severo ataque híbrido en 2017” de la mano de políticos independentistas catalanes que tras ser condenados fueron indultados del delito de sedición “sin ningún arrepentimiento al respecto”.

En esas circunstancias reales, sin embargo, “el partido del Gobierno de España”, refiriéndose al PSOE, impulsa una reforma legal que “debilita la protección del propio Estado de derecho”, y ello “sin previa consulta” al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Consejo fiscal.

Por esta razón, la eurodiputada de Ciudadanos cuestiona al Ejecutivo comunitario sobre “qué salvaguardas del Estado de derecho y el orden constitucional considera necesarias para evitar una desprotección del Estado ante la acumulación de indicios de riesgo tan evidentes”.

Según explica Pagazaurtundua, hay que tener en cuenta que “el riesgo sistémico es el de degradación del Estado de derecho, si sumamos el conjunto de hechos que se están sucediendo en España que incluyen el intento de control partidista de los órganos de gobierno de los jueces, pactos entre administraciones para desacatar las leyes, ataques a la separación de poderes, etc.”.

Asimismo, recuerda que la Asociación Española de Fiscales ha emitido un comunicado en el que señala que “no es cierto" que el Derecho de la Unión Europea exija a España reformar el delito de sedición, así como que las conductas contra el Estado que tipifica este delito sean inferiores en otros países de la Unión Europea.

“Cada uno de los Estados miembro tiene su propia historia y tradición jurídica y el análisis de derecho comparado sobre el delito de sedición muestra infracciones equivalentes en países como Alemania, Suiza, Francia, Bélgica o Italia,”, expone Pagazaurtundua.

“Debemos centrarnos en el bien jurídico protegido, que no es otro que el Estado de derecho. Lo importante es que en todos los países europeos se protege el mismo bien jurídico penalmente y España no debería debilitar esa protección”, añade.

Impedir el cumplimiento de la ley mediante alzamiento público (violento o no) o el intentar romper el territorio se considera en Europa delito de alta traición (Alemania, de 10 años a cadena perpetua) o atentado contra la unidad del Estado (Italia, 12 años), delito de sedición o movimiento insurreccional (Francia, 15 años de cárcel), explicó.