La normativa establece que cualquier prestador de servicios de certificación que opera en España y cumpla los requisitos de la Ley de Firma Electrónica puede solicitar la validez de la firma emitida para operar con la Comunidad de Madrid a través de Internet.

El objetivo es favorecer el libre mercado de prestadores de servicios de certificación y la posibilidad de que cualquier ciudadano o persona jurídica que disponga de firma electrónica reconocida, emitida por cualquiera de dichos prestadores, pueda realizar gestiones "on-line" con la Administración regional.

La firma electrónica garantiza la seguridad y confidencialidad de los trámites administrativos realizados por Internet con la Comunidad de Madrid a través de www.madrid.org, además de evitar desplazamientos para la realización de gestiones con el Gobierno autonómico.