El informe "La opinión y valoración de los consumidores sobre la responsabilidad social de la empresa en España", realizado a través de más de 1.000 entrevistas telefónicas, cumple este año su tercera edición.

Los datos iniciales muestran la necesidad de que empresas y administraciones se apliquen en la mejora, en cantidad y calidad, de la información que ofrecen a los consumidores, ya que el 70% de los encuestados en todo el territorio nacional aún desconocen el concepto y significado de la RSC.

Además, un 75% señala que ejercería un consumo más responsable si tuviera una información más accesible sobre el compromiso de las empresas con los aspectos sociales.

En concreto, los ciudadanos creen que tienen poca o muy poca información sobre RSC y, además, siguen considerando a las empresas como las fuentes menos fiables, frente a las ONG y los medios de comunicación, más dignos de credibilidad, según la opinión de los consultados.

Las empresas españolas mejoran algo su valoración general respecto a los datos de 2006, aunque las calificaciones siguen siendo bajas, situándose en un aprobado ajustado para su actuación en España (5,3 sobre 10) y en un insuficiente (4,9) cuando operan en los países en vías de desarrollo.

SUSPENSO EN MEDIO AMBIENTE

En cuanto a las dimensiones de la RSC, se observa una mejora en los resultados. En concreto, los encuestados dan un aprobado alto a la relación con los clientes y un aprobado justo al respeto a los derechos humanos y la relación con empleados.

Suspenden a la empresa, sin embargo, en colaboración con causas sociales, en corrupción y en transparencia. La puntuación más baja la otorgan a la dimensión medioambiental.

La administración general sigue suspendiendo en cuanto a las políticas relacionadas con la RSC, pero mejora y se sitúa cerca del aprobado al subir su valoración un 18% respecto al estudio anterior. También se refuerza el papel del Estado como legislador, dinamizador y sancionador de los comportamientos relacionados con la RSC.

Así, el acuerdo es unánime entre ciudadanos sobre la necesidad de obligar a las empresas a que informen de su desempeño social y medio ambiental. Igualmente, creen que el Gobierno debe contratar sólo con empresas con buenos resultados y favorecer a aquellas con mejores resultados en materia social y medioambiental.

El informe también evalúa los hábitos de compra de los consumidores que siguen echando en falta más información para poder ejercer el consumo responsable. Un 70% dice no disponer nunca de esta información.

DISPUESTOS A PAGAR MÁS

Los resultados muestran que el hecho de tener esa información sobre el desempeño social y medioambiental de la empresa ésta sería utilizada en el proceso de compra por un 75%. Además, un 18% estarían dispuestos a pagar más incluso aunque la marca responsable fuera más de un 11% más cara; un 52% elegiría marcas responsables sólo si el precio fuera ligeramente superior y un cuarto de los encuestados no estaría dispuesto a pagar un sobreprecio.

En relación a la estrategia contraria, el recurso al boicot, un 27% de los encuestados reconocen haber penalizado a alguna marca por su mal comportamiento social o medioambiental.

Este estudio, que se elabora cada dos años, cuenta con la colaboración del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y de la Universidad de La Coruña y con la subvención del Instituto Nacional del Consumo.