Los trabajadores comunitarios podrán ejercer su trabajo en la enseñanza, en correos, en la sanidad de carácter asistencial, en la función pública investigadora y en los demás sectores públicos en los que el derecho comunitario permta la libre circulación.

El acceso a la Administración Pública será posible siempre y cuando dichos puestos de trabajo no impliquen el ejercicio de potestades públicas y responsabilidad en la salvaguardia de los intereses del Estado.

Será el Gobierno, o en su caso los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, los que determinarán los cuerpos, escala, plazas o empleos a los que podrán optar los ciudadanos comunitarios.

El proyecto de ley prevé también, a través de una disposiciónadicional, la libertad de circulación entre España y terceros países que queden vinculados a la CE por tratados mixtos.