Esta medida tiene lugar en el marco del llamado Plan de Velocidad, que nació con la intención de crear lo antes posible el mayor número de plazas de asistencia para mayores en la región a través de la colaboración entre Gobierno autonómico, ayuntamientos y entidades privadas.

Los ayuntamientos ceden suelo para la construcción de residencias; las entidades, mediante concurso, se encargan de la construcción y de la gestión de los centros y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales concierta una parte de sus plazas, fijando el precio máximo del resto.

En 2007, según está planificado, se habrán creado 32 nuevas residencias. De ellas, seis ya están en funcionamiento.