El portavoz de Pesca de CiU en el Congreso, Josep Maldonado, justifica esta proposición no de ley en la "ausencia de medidas concretas a corto plazo por parte del Gobierno español y de la Comisión Europea que puedan paliar parcialmente los negativos efectos" del encarecimiento del gasóleo, pese a las reclamaciones de las organizaciones representativas del sector.

"El temor a la demora en la adopción de medidas por parte del Gobierno, así como la inconcreción de algunos de los compromisos asumidos, está preocupando el sector, que teme que las medidas que se adopten lleguen tarde y hagan inviable la continuidad de los empleos y las empresas que operan en este sector", advierte.

En esta situación, plantea propuestas como la creación de un fondo de garantía que permita la compra de gasóleo a un precio límite de 0,30 euros por litro para el sector pesquero, y la reducción durante un año de la cotización a la Seguridad Social tanto de las tripulaciones de los buques como de sus respectivos armadores.

NUEVOS CREDITOS ICO

Además, propone la aplicación de bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto de Sociedades por los beneficios imputables a actividades pesqueras, y la puesta en marcha de nuevos créditos ICO destinados a financiar al sector y sus inversiones.

La exoneración de las tasas portuarias, si el gasóleo pesquero superase los 0,30 euros litro, y las paralizaciones temporales, a través de la reprogramación de los fondos IFOP y de fondos extraordinarios, son otras de las ideas que aporta la iniciativa del grupo parlamentario catalán.

También urge al Ejecutivo a aplicar incentivos fiscales y subvenciones para la adopción de medidas que permitan un ahorro del consumo de combustible, como el cambio de motor y del sistema de propulsión y la reducción de las emisiones medioambientales. El umbral para las ayudas de mínimos debe situarse en los 100.000 euros para tres años.

Por último, CiU quiere que el Gobierno defienda ante la Unión Europea la creación de un fondo especial y extraordinario de desguace, con una sobreprima del 20 por ciento, y que ponga en práctica las medidas reclamadas por el sector para la mejora de la competitividad.