En un análisis crítico del texto remitido por el Gobierno a las formaciones políticas, CiU argumenta que el anteproyecto señala en su artículo 31 que el Estado asumirá íntegramente el coste de las prestaciones básicas, mientras que el 13 señala que las CCAA tendrán que hacer una aportación "al menos igual a la que realice el Estado".

"Por lo tanto", afirma CiU, "con una redacción retorcida, el Estado se desentiende, como mínimo, de la mitad de la financiación del sistema, que el mismo anteproyecto de ley dice que corresponde al Estado. A la vez obliga a la comunidad autónoma a pagarlo, sin otorgarle más recursos".

Además, CiU entiende que el anteproyecto obvia las relaciones con el sistema sanitario y no promueve la dimensión sociosanitaria del fenómeno de la dependencia.

A su juicio, la futura Ley de Dependencia debe definir mejor cuál será la participación de los usuarios en el pago del sistema, además de otorgar a las corporaciones locales una mayor participación en esta materia.

Por otro lado, CiU entiende que el citado anteproyecto "limita la capacidad de la Generalitat para mejorar el sistema de protección a la dependencia para sus ciudadanos, y lo hace bajo un planteamiento de uniformidad para todo el Estado".

PROGRAMAS

Asimismo, considera que el texto "olvida establecer el compromiso de traspasar a las comunidades autónomas todos aquellos programas que aún gestiona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que afectan a las personas mayores y los discapacitados", y que "no resuelve bien el acceso al sistema de dependencia de las personas con discapacidad psíquica y enfermedad mental".

CiU también lamenta que el anteproyecto no garantice el apoyo a las familias con niños menores de tres años, nacidos con discapacidad o enfermedades congénitas, y que, en ningún caso, garantice la libertad de elección de las personas respecto al servicio o prestación que da mejor respuesta a sus necesidades de autonomía.

El partido catalán califica de "incomprensible" que se considere "excepcional" la atención de las personas dependientes en el domicilio por su entorno familiar, "que es precisamente la realidad que hoy acoge a la gran mayoría de las personas con problemas de dependencia".

Finalmente, considera que la futura Ley de Dependencia no garantiza la efectiva participación de las entidades que representan a las personas mayores y a los discapacitados y sus familias en el sistema.

Pese a este análisis crítico, CiU defiende la implantación de un Sistema Nacional de Dependencia, aunque reclama al Gobierno que tome en cuenta estas reflexiones para mejorar su propuesta.