En su propuesta, CiU pide también que el Estado financie campañas de inspección de la venta ilegal de estos vehículos en la calle.

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, en una nota de prensa a propósito de esta iniciativa, asegura que la práctica de exponer y vender vehículos de segunda mano en la vía pública se está extendiendo y representa una "verdadera actividad comercial al margen de cualquier control administrativo".

A juicio de CiU, estas ventas propician la compra por parte de personas que carecen de carné de conducir o que no tienen un permiso homologado en España, lo que conlleva "riesgos para la seguridad vial".

Asimismo, los nacionalistas catalanes advierten de que genera otros "perjuicios", como el "fraude de Hacienda en concepto de impuestos por dicha actividad encubierta, el incumplimiento de ordenanzas municipales, la desprotección de los consumidores y la competencia desleal al sector".