En una nota de prensa, Campuzano resalta que la ley deberá concretar las cuantías que el Estado debe aportar en cada ejercicio presupuestario para que las comunidades pongan en marcha los servicios previstos en esta norma, y emplaza al Ejecutivo central a traspasar todos los programas de apoyo a las personas dependientes que aún gestiona el Estado.

El diputado de la federación nacionalista reclama al Gobierno de la Generalitat "firmeza" en la defensa de las competencias exclusivas que tiene esta comunidad en materia de servicios sociales, ante la Conferencia Sectorial que se celebrará el próximo miércoles, en la que se analizará el anteproyecto de ley.

"El actual redactado del anteproyecto de ley sería inconstitucional y vaciaría de contenido las competencias exclusivas en servicios sociales", explica, tanto en las atribuciones del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia como en la articulación del régimen de sanciones e infracciones y en la definición del catálogo de prestaciones.

Todo ello, prosigue Campuzano, responde a un "planteamiento uniformista" que choca con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. "Una ley uniformista, centralizadora y sin recursos no resolverá ninguno de los problemas de las personas dependientes y de sus familias", advirtió.