Ambas formaciones argumentaron sus votos en contra en que la Cámara catalana no tiene suficientes competencias y n que una comisión política podría interferir la investigación judicial abierta en estos momentos sobre el caso.

Los portavoces ERC e IC, Jaume Rodri y Roc Fuentes, respectivamente, insistieron en que la aparición de nuevos datos sobre el 'caso Casinos' hacen necesaria la creación de una comisión parlamentaria que averigüe lo que no pudo saberse en otras ocasiones.

Sin embargo, tanto el representante de Convergencia i Unió, Raimon Escudé, como el de los socialistas catalanes, Higini Clotas, rechaaron la petición, al considerar que una investigación en el Parlamento entorpecería las actuales diligencias judiciales.

Escudé aseguró ante la cámara que, si se diera el caso de que la investigación judicial denota algún tipo de responsabilidad por parte de miembros de Convergncia Democrática de Catalunya (CDC), entonces "pediríamos responsabilidades a quien fuera necesario".

El portavoz de CiU dijo que "por nosotros, jueces, fiscales y policía pueden investigar tanto tiempo como quieran, y si aguna vez sale algo, que no puede salir porque no existe, alguna implicación de CDC en una actividad irregular, entonces investigaremos lo que convenga".

Según las últimas investigaciones policiales del 'caso Casinos', en el que presuntamente fueron desviados 3.000 millones de pesetas, de los cuales 1.000 habrían podido ir a parar a miembros de Convergència o a empresas vinculadas al partido, una nueva compañía, Lantana SA, de la que eran accionistas dirigentes y empleados de CDC, cobró al menos 10 talnes de 10 millones de pesetas de Inverama-Casinos de Cataluña en 1986.

Estos talones estaban destinados a pagar otras tantas facturas de las empresas Distribución Domiciliaria SA y Distribución de Prensa SA, que se referían a trabajos de manipulación y reparto de folletos.

El caso trascendió en enero de 1990, cuando el ex director financiero de Inverama-Casinos de Cataluña, empresa que explota los tres casinos de esta comunidad, Jaime Sentís, presentó una querella contra el presidente de la sociead, Arturo Suqué, a quien acusó de haber desviado más de 2.000 millones de la empresa.