Con esta norma, CiU quiere facilitar el acceso al empleo de sectores de la población en riesgo de exclusión, a través de empresas que además de la lógica empresarial tengan una dedicación especial a las personas que podrían caer en la marginación.

Este tipo de empresas no cuenta en España con un marco legal que posibilite su desarrollo. Para cubrir este vacío, CiU ha presentado esa iniciativa legislativa que se debatirá en el pleno del Congreso mañana. Según el texto del Grupo Catalán, las empresas de inserción son aquellas que realizan cualquier actividad económica productiva con el fin primordial de conseguir la integración sociolaboral de personas en situación de exclusión social.

Estas empresas podrán constituirse bajo cualquier forma societaria, pero deberán estar siempre participadas o promovidas por entidades o corporaciones de derecho público o entidades sin ánimo de lucro cuya principal actividad sea la inserción social.

Tendrán qe estar sometidas a la tutela de las administraciones públicas y estar inscritas en un registro esepecífico. Deberán reinvertir un mínimo del 60 por ciento de sus resultados económicos en ampliación o mejora de las estructuras productivas o de la actividad de inserción.

La mayoría de sus trabajadores deben estar en proceso de inserción. Los contratos tendrán carácter temporal con una duración mínima de 6 meses y una máxima de 3 años. Además, se establecerán incentivos en forma de bonificaciones a las otizaciones sociales de los trabajadores en proceso de inserción.