A juicio de los nacionalistas catalanes, la Constitución ya establece la competencia del Alto Tribunal para dirimir los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, o de estas entre sí.

Según esta regulación, el conflicto positivo lo puede plantear tanto el Estado como las comunidades cuando una norma o acto invada el ámbito de competencias del otro, o cuando e Estado o la comunidad autónoma, en el ejercicio de sus propias competencias, impida a la otra parte el ejercicio de sus competencias.

En cambio, la ley actual establece una legitimación activa a favor del Gobierno para poder plantear un conflicto negativo de competencias frente a la inactividad de una comunidad autónoma, posibilidad que éstas no tienen respecto al Estado.

Según CiU, esta carencia es especialmente relevante en el caso de que el Estado no proceda a realizar las transferencias de srvicios cuya competencia corresponda a las comunidades autónomas, que no tienen ningún "mecanismo eficaz" ante una situación de esas características.