La propuesta emplaza al Gobierno a cumplir en las transmisiones de datos sanitarios la legislación básica en materia de derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de datos y secreto profesional,

CiU plantea obligar a que todos los agentes públicos y privados implicados en las redes de información sobre uso de medicamentos adopten las medidas oportunas para garantizar esos derechos, elaborando, si es necesario protocolos internos.

Asimismo, emplaza al Gobierno a establecer "con toda claridad" el uso sanitario que se va a dar a los datos, y a asegurar que los mismos no puedan ser agregados con otros fines distintos a los de carácter sanitario ni cedidos a terceros fuera del ámbito de las administraciones públicas.

Por último, propone que, en el desarrollo reglamentario de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos en los aspectos relativos a la información y manejo de datos, especialmente en los medios telemáticos de trasvase de información entre administraciones, se refuecen los sistemas de protección.