Ese informe deberá, además, contener propuestas concretas para garantizar la sostenibilidad financiera, efectividad, calidad y respeto al marco competencial de las comunidades autónomas.

Esta moción es consecuencia de la interpelación que el portavoz de Asuntos Sociales de CiU, Carles Campuzano, dirigió el pasado miércoles a la ministra del ramo, Mercedes Cabrera, en la que le trasladó la necesidad de revisar la ley, dados los "graves problemas" que se están detectando en su aplicación y la "incertidumbre" que se cierne sobre la viabilidad financiera del sistema, que a su juicio "están frustrando las expectativas creadas" cuando se aprobó la norma.

Campuzano hizo hincapié en la necesidad de evaluar la aplicación de esta norma, teniendo cuenta los malos resultados que se están obteniendo, lo que, en opinión del diputado de CiU, se debe a algunos "pecados originales" de los que adolece la ley.

En este sentido, apuntó que el texto del Gobierno nació "obviando la realidad de que las comunidades autónomas tienen competencias de servicios sociales", además de tener una pretensión de "uniformar el sistema" de prestaciones sin tener en cuenta las especificidades de cada una de ellas.

Además, Campuzano puso de relieve la "deficiente cobertura" que está presentado la ley al colectivo de personas con discapacidad que requieren de asistencia personal, así como la necesidad de que el Estado adopte un "mayor compromiso financiero" con esta ley para garantizar su viabilidad futura.

Todo ello hace necesaria su revisión a corto plazo y que, previamente, la ley se someta al examen de un grupo de expertos independientes para evalúen sus resultados y propongan en su caso su adecuación a parámetros de eficacia, eficiencia, calidad, equidad, sostenibilidad financiera y pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas, entre otros aspectos.