Así consta en las enmiendas presentadas por CiU a la Ley de Medidas Específicas en materia de Seguridad Social, a las que ha tenido acceso Servimedia. CiU pretende extender dichos convenios, a los que ya tienen derecho los prejubilados, a las personas con discapacidad que, "por la naturaleza o gravedad de sus afecciones, nunca van a poder realizar una actividad profesional o no van a poder realizarla en condiciones de plenitud".

De este modo, ellos mismos o sus familias podrán abonar las cotizaciones oportunas, aunque no estén ligadas al desarrollo de una actividad laboral, para que puedan tener derecho en el futuro a una pensión contributiva (ara la que son necesarios 15 años de cotización).

CiU quiere, además, que los beneficiarios de pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva puedan participar en los programas de rentas mínimas de inserción gestionados por las comunidades autónomas, sin perder el derecho a la pensión al abandonar su actividad laboral.

Para los casos en que se compatibilice el cobro de la pensión con un trabajo remunerado, CiU pide que se penalice el cobro de la prestación con la mitad del sueldo percibid, y no con el 100%, como sucede ahora.

CiU quiere así que no se penalice el acceso al empleo al no haber ningún beneficio económico para el discapacitado. Los catalanes sostienen que no provoca más gasto para el sistema, ya que sigue pagando la misma pensión, pero sí más ingresos, al darse de alta al trabajador y, por tanto, cotizar a la Seguridad Social.

Otro de los bloques de enmiendas presentadas por CiU hace referencia a las prestaciones de orfandad y en favor de familiares. La propuesta de CU pasa por que las personas con un grado de discapacidad superior al 33% puedan cobrar pensión de orfandad hasta los 24 años (en lugar de los 22 actuales) si pierden a uno de sus progenitores.

CiU quiere que sea compatible el cobro de la pensión de orfandad y la prestación en favor de familiares para las personas con más de un 65% de discapacidad que hayan perdido a ambos progenitores, ya que ahora hay una incompatibilidad "con graves repercusiones" para este colectivo, dada "la escasa cuantía" de la restación que perciben.

Los nacionalistas catalanes proponen, además, una subida de la prestación familiar por hijo a cargo para los casos en que éste sea discapacitado, variando desde los 872,5 euros si es menor de 18 años y tiene más de un 33% de minusvalía, hasta la cuantía que se fije para la pensión de invalidez no contributiva más un 50% si es un discapacitado mayor de 18 años con una pérdida de facultades superior al 75%.

También se reclama que para acceder a la prestación en favor de famiiares, el hijo con una discapacidad mayor del 33% valga como dos a efecto de cómputo, como ya se ha implantado en la Ley de Familias Numerosas.

En cuanto a las bajas por maternidad, CiU quiere equiparar la situación de los hijos minusválidos con la de los partos múltiples, de forma que se amplíe en dos semanas el periodo de 16 de baja maternal.

Por último, para las personas con hijos con más de un 33% de discapacidad, se aboga por que el periodo de reserva de puesto de trabajo pase de uno a tres ños.