En opinión de CiU, a pesar de que cada vez es mayor la implicación de los diversos poderes públicos en actividades de carácter asistencial dirigidas tanto a la integración social y laboral de los discapacitados como las ayudas a sus familias, "hay que decir que la preocupación por los discapacitados parece ajena al reconoimiento de un estatuto específico de este colectivo en el ámbito del Derecho Civil".

Según el Grupo Parlamentario Catalán, el 29 de junio de 1999 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a valorar la necesidad de proponer un marco jurídico patrimonial privado del minusválido que diera respuesta a los problemas personales y patrimoniales de todas aquellas personas que por causas psíquicas, sensoriales o físicas no pueden valerse totalente por sí mismas.

Ante esta situación, CiU propone que el Gobierno adopte todas aquellas modificaciones en el ámbito del Derecho privado para el establecimiento de un régimen jurídico patrimonial del discapacitado.